El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, anunció esta semana que la Institución insular destinará de manera inmediata una partida inicial de 5 millones de euros a paliar los daños sufridos por los incendios, ya sean en viviendas, ganadería, agricultura o pequeñas industrias y empresas.
Además, el Cabildo transferirá esta cuantía directamente a los ayuntamientos de los municipios afectados como forma más ágil de hacerla llegar a la ciudadanía, explicó Morales tras la reunión que mantuvo con las alcaldesas y alcaldes de los municipios afectados, además de los titulares de diversas consejerías del Cabildo y técnicos insulares.
Esta cuantía se distribuirá a razón del 30 por ciento para ayudas en viviendas que sean primera residencia, el 15 por ciento para las de segunda residencia, el 45 por ciento para daños agrícolas y ganaderos, y el 10 por ciento restante para industrias y empresas.
Tanto el montante como la distribución quedan abiertas al cómputo final de las necesidades, De momento los municipios han abierto sus oficinas para recibir las solicitudes, ya hay contabilizadas 238, y los afectados tienen un plazo de quince días para presentar la documentación necesaria, tras lo cual los técnicos municipales e insulares realizarán la evaluación técnica pertinente sobre el territorio, y una vez reciban el visto bueno, se realizará la trasferencia de la cuantía final.
Morales esbozó algunas líneas de actuación como un importante plan de empleo, planes territoriales de riesgos naturales, actuaciones con el sector comercial, sector primario, de energías renovables con la potenciación del uso de la biomasa como generadora de energía para que el combustible vegetal recupere su valor económico como antaño cuando era usado para cocinar, además de un estudio de las escorrentía para prevenir los daños posteriores al incendio, así como un plan de turismo rural.
Importante son los daños en carreteras, también será fundamental el apoyo a los pastores, así como la definición de un plan de evacuación de animales, aparte de solicitar al Gobierno canario poder actuar en terrenos y fincas privadas, ya que una parte importante del incendio se produjo en tierras particulares en las que ahora es complicado actuar desde la administración pública.
